Estrategias de Organización y Fortalecimiento Comunitario e Institucional para el Abordaje de la Gestión Integral de Riesgos y Desastres

Publicado en por duquegustavo

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Esto fue en otrora una ciudad "La Guaira"

INTRODUCCIÓN

 

Las primeras crónicas de desastres datan del siglo XVI y desde ese momento, la forma en que la población y las autoridades han actuado frente a las emergencias ha entrañado una combinación de improvisada generosidad con abusos oportunistas. Ocurría un desastre importante y sus efectos se iban olvidando con el paso de los años hasta que nuevamente la naturaleza mostraba su cara tenebrosa y la gente se veía obligada a sumergirse en la acción, como si las actividades meramente físicas de desenterrar de entre los escombros a muertos y heridos, ayudar a los vecinos a reconstruir y plantar de nuevo los campos, pudieran suavizar en hecho de que seria cuestión de tiempo hasta que la adversidad llamara a la puerta y hubiera que enfrentar un próximo desastre.

 

La realidad muestra que esta era la manera como se manejaban los desastres en las Américas hasta los primeros años de la década de los setenta. La mayor parte de las veces en socorro se prestó con mucha generosidad y solidaridad, pero adoptando medidas improvisadas y poco coordinadas, con lo que se presentaron problemas de competencia entre sectores y adicionalmente una respuesta internacional de ayuda que no era la más apropiada técnicamente o la mas sensible culturalmente. Esta respuesta o fase de socorro que incluía la rehabilitación y reconstrucción inmediata, cada vez se hizo mas frecuente y mas compleja debido al crecimiento de la población expuesta al riesgo y a la dependencia en aumento de la sociedad respecto a servicios indispensables como agua, electricidad, comunicaciones, carreteras y puertos.

Estas experiencias traumáticas mostraron a los países la necesidad de organizarse con el fin de responder mejor a los diferentes problemas que generalmente  acompañan a un desastre, es decir: rescatar a los sobrevivientes, atender a los heridos, apagar los incendios y controlar los escapes de sustancias peligrosas, brindar albergue, agua y alimentación a los damnificados, evacuar a las personas a lugares más seguros, establecer comunicaciones, resguardar la seguridad y el orden público, e identificar y disponer de los cadáveres, entre otros.

 

Varias catástrofes pusieron de relieve las deficiencias de una respuesta organizada. Asignar toda la responsabilidad a las fuerzas armadas u otro órgano similar, sin inversión previa de recursos y participación del resto de la nación, trae consigo una fase caótica en la que los sobrevivientes enfrentan además de la recepción de la asistencia, a veces contraproducente, de una multitud de organismo e instituciones locales, nacionales e internacionales que actúan, no sólo por mandato, sino también porque por buena voluntad quieren brindar ayuda a los que sufren los efectos del desastre.

 

La fase de respuesta es compleja, porque además de la gran cantidad de entidades que participan, el problema mayor radica en la toma de decisiones sin medir sus repercusiones. Se complica aún más si se pretende tomar decisiones y dirigir las operaciones sin conocer siquiera su funcionamiento en condiciones normales en lugar de coordinar los esfuerzos de los actores locales.

 

En todos los tiempos y culturas el ser humano generalmente ha tenido una actitud pasiva y facilista o ignorante frente a las dinámicas del medio ambiente físico. Aún está profundamente arraigado el considerar las manifestaciones violentas de la Naturaleza como designios de Dios o asuntos ineludibles de la Naturaleza misma. Es común que ello se exprese en actitudes fatalistas, de resignación y postración, o simplemente de rechazo frente a un tema en el cual el bienestar o incluso la vida están comprometidas en un futuro incierto.

 

Planificar con el factor riesgo es, fundamentalmente (y el término mismo lo implica) un proceso de toma de decisiones frente a incertidumbre. Cada vez más, se espera un estrecho compromiso entre la búsqueda de mejor calidad de vida, de opciones de desarrollo y de la menor influencia adversa sobre el Medio Ambiente, lo que conduce a la necesidad de entender la complejidad del problema del manejo de riesgos, tratando sus diversas facetas: culturales, históricas, antropológicas, científico-naturales, técnicas, económicas, entre otras.

 

Gran parte del riesgo asociado a los fenómenos naturales puede atribuirse a problemas de percepción. Así como el riesgo de los fenómenos de evolución rápida (p. ej. sismos) no se percibe bien por su escasa ocurrencia, el riesgo que causan fenómenos de evolución lenta, generalmente no es percibido adecuadamente por esa característica, su lento y poco violento desarrollo. La escasa percepción de riesgos también puede deberse a negaciones individuales y colectivas que, incluso en lapsos de pocos años, pueden borrar de la memoria la ocurrencia de fenómenos amenazantes.

 

Para aportar a una nueva visión de los fenómenos amenazantes, de la vulnerabilidad de poblaciones y de las obras civiles y, sobre todo, al entendimiento que los desastres no sólo son producidos por eventos de gran magnitud que ocasionalmente afectan extensas regiones y producen ingentes daños, si no que en nuestro medio socioeconómico y cultural hacen parte de la cotidianidad y que, probablemente, están creciendo en frecuencia y en efectos.

 

Esta información, o la más reciente sobre los centenares de eventos desastrosos, desde los que afectan a individuos y pequeñas comunidades hasta los que producen víctimas fatales, reportados en los últimos años, serían motivo suficiente para que en Latinoamérica se pensara más en la responsabilidad que le cabe frente a su interacción con la Sociedad y con la Naturaleza, siempre dinámica y actuante según leyes que a veces se olvidan, incluso en el salón de clase

 

El riesgo es global, en cualquier espacio existe alguna amenaza y grado de vulnerabilidad para la seguridad del ser humano. Si se realiza el análisis a partir de los órdenes sociales se tiene que el individuo en su hogar corre el riesgo de electrocutarse, quemarse, caerse, en fin amenazas cotidianas que pueden convertirse en una desgracia cuando no se está preparado para prevenirlo o para actuar en caso de que suceda algún evento.

 

En este contexto, las amenazas en igual forma son múltiples, a medida que se “sube” de escala a la Comunidad, Parroquia, Municipio, Estado o Nación los riesgos se amplifican y si sucede algún evento sin estar preparados se convertirán en una verdadera tragedia; Un incendio, inundación, explosión, ataque terrorista, en fin, mientras mayor número de personas implicadas más grave es. Si se afecta a una comunidad en su ámbito atenta contra su proceso de desarrollo y hasta puede involucionar.

En el transcurso de las dos últimas décadas Latinoamérica ha sido víctima y testigo de numerosos eventos de tipo natural, antrópico y, sobre todo, socionatural que se han convertido en desastres porque estas comunidades y sus instituciones son altamente vulnerables ya que, como se ha comprobado, no están preparadas para hacer frente a ellos y más aún, han venido construyendo espacios vulnerables como consecuencia de la concepción de desarrollo que ha imperado en el mundo, este trabajo pretende realizar un aporte que coadyuve a las comunidades e instituciones a fortalecerse e integrar esfuerzos en el abordaje de la problemática del Riesgo y Desastres.

 

En el ámbito internacional se conocen innumerables experiencias referidas a la formación de la comunidad en cultura de riesgos, es de resaltar el caso Mexicano, país que por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, por su importante actividad volcánica y por encontrarse sobre placas tectónicas en movimiento, es propenso a recibir el embate frecuente de diversos tipos de fenómenos naturales de efectos desastrosos. Esos devastadores efectos han sido magnificados por la insuficiencia de medidas preventivas y mitigación, no obstante existe una conciencia creciente entre las autoridades y la opinión pública del país, de que tanto el número de víctimas como los efectos destructivos de los desastres ocurridos en México en los últimos años podrían haber sido reducidos, mitigados o apreciablemente atenuados con una visión de integralidad de la Gestión de Riesgo y una acción coordinada entre las diversas organizaciones e instituciones responsables de la Protección Civil.

En vista de esta situación el Sistema Nacional de Protección Civil impulsa la educación para llevar a cabo simulacros en lugares de mayor afluencia pública. Este programa tiene dentro de sus prioridades la atención de la población escolar, por lo cual se creó la Dirección de Emergencia Escolar a nivel Nacional y se refleja en el proyecto Zona Escolar Segurapara fomentar en la comunidad la adopción de comportamientos y actitudes de auto protección, así como para poner a prueba la capacidad de respuesta de los planes de emergencia, de las brigadas y de la comunidad en general ante los efectos generados por cualquier acontecimiento que amenace su integridad.

 

EL PROBLEMA

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS (2002), la atención de desastres en el ámbito latinoamericano, se ha caracterizado por la verticalidad en la toma de decisiones por parte de los gobiernos centrales, con ausencia parcial o total de la participación de las comunidades e instituciones locales, situación alimentada por el escaso nivel de organización en materia de desastres que presentan las comunidades para atender esta problemática, evidenciándose así la ausencia de planes locales para la atención de emergencias, en las comunidades latinoamericanas, más aún en la venezolana las cuales, en su mayoría, carecen de las capacidades para la gestión de la atención de desastres naturales, socionaturales y tecnológicos.

 

En este sentido, afirma la OPS (2002), que el desarrollo y la aplicación de técnicas de análisis de vulnerabilidad cada vez más avanzadas, han permitido ir reduciendo los riesgos industriales a niveles mínimos. No obstante lo anterior, y a pesar de la aplicación de estas técnicas, la probabilidad de que ocurra un accidente: El riesgo, no se puede reducir a cero. (O dicho de otra forma: No se puede reducir el riesgo a cero, manteniendo los procesos y costos de producción dentro de un rango de competitividad). Por lo tanto, e independientemente del nivel de riesgo que se defina como aceptable, existirá una posibilidad (mayor que cero), que se produzca una falla o una desviación con consecuencias potencialmente graves.

En Venezuela ha existido preocupación por crear Grupos de Ayuda, Asistencia, Búsqueda, Salvamento y Rescate, tomando en consideración que por la ubicación geográfica del País en su condición Caribeña, Atlántica, Andina y Amazónica, está expuesta a una alta vulnerabilidad de Fenómenos Naturales, Sociológicos y Tecnológicos. En la época de nuestra Independencia, se formaron en Caracas las llamadas “Juntas de Subsistencias”, como medida de protección a la población civil, en virtud del desabastecimiento creado por el estado de guerra interna imperante.

 

El 23 de marzo de 1936 bajo el gobierno del General Eleazar López Contreras se conformó el “Puesto de Socorro para prestar Servicio Médico a las víctimas de accidentes” (Gaceta Oficial 18.913). En ese mismo año, dada la preocupación del Estado Venezolano en lo referente a los aspectos preventivos, se creó el Botiquín de Emergencias. El 17 de julio 1938 se dicta la Ley de Servicio Nacional de Seguridad, en el cual se le asignan misiones a la Guardia Nacional y se establece que el Servicio de Sanidad es el órgano competente para cooperar con las autoridades civiles encargadas de las calamidades públicas (Gaceta Oficial 19.637).

 

Luego, el 7 de septiembre de 1943 se dictó el Decreto 175, mediante el cual se crea la Junta Nacional de Socorro, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, para atender a las personas que resultaron afectadas a consecuencia de las inundaciones producidas por el río Orinoco en esa época; siendo ésta, la primera referencia histórica en nuestro país, sobre la creación de un ente del estado destinado a la atención de situaciones de desastres, y el 16 de noviembre de 1.943, se dicta una resolución donde se reglamenta su campo de acción para que se encargue de centralizar los fondos voluntarios y del tesoro a fin de atender damnificados por inundaciones (Gaceta Oficial 21.199).

 

Aún, para esa fecha el termino “Defensa Civil” no se había utilizado como símbolo de preparación y atención de desastres en el País. Corresponde al Dr. Espíritu Santos Mendoza, quien actuando como Ministro de Sanidad y Asistencia Social, por resolución, crea el 21 de mayo de 1958, la “División de Socorro y Defensa Civil”, adscrita a la Dirección de Asuntos Sociales. A raíz del terremoto ocurrido el 29 de julio de 1967, es creado el “Comando Unificado Médico Asistencial” (CUMA), presidido por el Ministerio de Sanidad e integrado por Representantes de todos los Organismos del Estado y el 16 de junio de 1969, por decreto Presidencial N° 96, se crea el “Fondo de Solidaridad Social” (FUNDASOCIAL), con el objeto de prevenir y reparar en lo posible, los daños ocasionados por calamidades y catástrofes que pudieran afectar a grupos apreciables de la colectividad.

 

Posteriormente, el 7 de septiembre de 1971, según Decreto Presidencial N° 702, se crea la “Comisión de Defensa Civil”, con la función de Planificar y Coordinar las acciones tendentes a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes causados por calamidades públicas por cualquier origen, socorriendo simultáneamente a la población afectada.

 

A partir del 8 de junio de 1975 el Ministerio de la Defensa, emite lineamientos que incluye el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales a las operaciones de Defensa Civil, durante emergencias causadas por fenómenos naturales catalogadas como calamidades públicas. El 18 de agosto de 1976 se dicta la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, la cual en su Artículo V, establece que la Defensa Civil estará regulada por el Presidente de la República y sugiere que los ciudadanos que no estén alistados en las Fuerzas Armadas deberán incorporarse a la Defensa Civil en caso de requerírseles

 

Para el 10 de agosto de 1979, según Decreto Presidencial N° 231, la Comisión Nacional de Defensa Civil pasa a formar parte Integrante del “Consejo Nacional de Seguridad y Defensa”, Organismo responsable de la Administración Pública a fin de coordinar la acción de los Organismos competentes, ajustando su actuación a los Planes de Seguridad y Defensa. En 1996 fue aprobado, en Consejo de Ministros, el Reglamento Parcial No.3 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa relacionado con la Defensa Civil Venezolana, publicada en marzo de 1997, en la Gaceta Oficial No. 36.164.

 

Por vez primera se señala a Defensa Civil como un “SISTEMA NACIONAL” En 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 332, ordinal 4° el nacimiento de una “Organización de Protección Civil y Administración de Desastres”. Para el año 1976 se sanciona la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, cuyo título V determina que el Presidente de la República, oído el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, dictará las disposiciones para prever y regular la organización y actividades de la Defensa Civil; de igual manera, determina que las personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, intervendrían de forma obligatoria en la preparación y ejecución de la Defensa Civil. En el año 1979, por Decreto 231, se determina que la Comisión Nacional de Defensa Civil pasa a integrar el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

 

Luego, el 18 de Diciembre de 1996, fue aprobado en Consejo de Ministros, el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, relacionado con la Defensa Civil Venezolana, publicado en Marzo de 1997, en la Gaceta Oficial Nº 36.164; el objeto de éste Reglamento es la organización, funcionamiento y garantía por el Estado del SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.

 

En la actualidad, Venezuela se encuentra con una nueva cara. Un proceso revolucionario con características muy especiales; aprueba en Diciembre de 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyéndose en el pilar legal fundamental para consolidar una política de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres.

 

En este orden de ideas, dentro de esa Constitución, se encuentra en su artículo 55 un renovado concepto de seguridad ciudadana, abarcando aspectos que van mas allá de la mera protección contra la delincuencia, y a la vez ordena la participación ciudadana en todo el proceso, integrando así a toda la colectividad en los programas de prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias. En el artículo 134, no obstante impedir el reclutamiento forzoso, estipula el deber de prestar el servicio civil para hacer frente a situaciones de calamidad pública, entre otras.

 

Así mismo, se establece en el artículo 156 ordinal 9, de las competencias del poder público: "El régimen de la administración de riesgos y emergencias" constituyendo un precedente histórico dentro de la América Latina. Por otro lado, en el artículo 157 se consagra que la Asamblea Nacional podrá atribuir a los estados determinadas materias de la Competencia Nacional, promoviendo así la Descentralización. Siguiendo el mismo orden de ideas, se tiene que el 26 de Diciembre de 1989 se aprobó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público, donde se transfiere al Estado una serie de atribuciones, entre ellas la competencia de Defensa Civil.

 

Según Oviol (2005), la población Venezolana se encuentra en un contexto de multiamenaza, es decir, está sometida a múltiples riesgos de toda naturaleza: naturales, socio naturales, antrópicos, como puede comprobarse en el breve recuento de algunos accidentes de tipo antrópico, socio naturales y naturales que han ocurrido en Venezuela: El Diario Panorama (17/03/1969) reseña que el 16 de marzo de 1969, en Maracaibo ocurrió un accidente aéreo, una nave perteneciente a la línea Viasa, iniciaba su vuelo 742 con destino a Miami. Despegando el avión del aeropuerto de Grano de Oro, cayó en las urbanizaciones cercanas al aeropuerto y murieron más de 150 personas. A raíz de este accidente se procedió a mudar el aeropuerto a una zona lejos de áreas pobladas, el aeropuerto de La Carlota y el de Mérida, se enclavan dentro de áreas densamente pobladas.

 

Otro caso lo señala un informe realizado por el Cuerpo de Bomberos de Caracas (2002), el cual reseña que el 19 de diciembre de 1982 a las 6:00 a.m., en el Estado Vargas se incendió el tanque de combustible FUEL OIL No. 8 de la planta de Luz Eléctrica de Arrecifes (TACOA). Dos obreros que inspeccionaban el llenado del depósito perecen en el acto. El fuego amenaza una barriada marginal construida en la cercanía de los depósitos. Los Efectivos combaten las llamas con prontitud y al mediodía tiene el incendio casi controlado, pero una inesperada explosión vuela el tanque No. 9 y las viviendas adyacentes. La inmensa onda expansiva se lleva por delante a decenas de efectivos bomberiles, arrasa varios vehículos de incendio y abate un helicóptero de la Policía Metropolitana cuyos tripulantes se salvan arrojándose al mar. La marejada de llamas destruye centenares de viviendas de la zona poblada cercana, en la cual no se había completado la evacuación. Una hilera de automóviles es presa del fuego en la carretera adyacente.

 

El mencionado siniestro causó la pérdida de más de dos centenares de vidas humanas entre ellas la de 60 bomberos, 42 pertenecientes al Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 2 bomberos juveniles, 15 bomberos marinos y bombero aeronáutico. Así mismo perecen numerosos periodistas que cubrían los sucesos.

 

En diciembre de 1999, Venezuela sufrió la mayor catástrofe de su historia, que también constituyó uno de los peores desastres de Latinoamérica en todo un siglo. Después de un año de lluvias con precipitaciones por encima del promedio, Venezuela se vio inundada, por diez días de lluvias torrenciales que causaron deslizamientos de tierra masivos, daños sin precedentes a la ecología y a la infraestructura y enormes pérdidas humanas. Aunque se desconoce la cifra total de pérdidas humanas, se estima que se produjeron varios miles de muertes, y más de 400.000 personas se vieron directamente afectadas por el desastre según datos suministrados por Bomberos de Caracas (2002).

 

Según CORPOVARGAS (2002), más de 27.000 viviendas fueron completamente destruidas y unas 40.000 dañadas, al igual que innumerables sistemas de agua potable, escuelas, hospitales y otros servicios sociales críticos. Muchas personas todavía permanecen en refugios, tanto militares como civiles, y muchas más continúan viviendo en áreas de extremo riesgo para futuros desastres naturales. Las áreas más severamente afectadas por el desastre fueron los estados Vargas, Miranda, Falcón y el Distrito Federal. En Vargas, se estima que el daño, en términos financieros, se encuentre en el orden de los billones de dólares.

 

El desastre de diciembre de 1999, demostró que las comunidades de Venezuela, carecen en gran medida de información y de la capacidad necesaria para reconocer los potenciales riesgos de desastres naturales, socio naturales o industriales, para tomar las medidas de prevención necesarias y para responder de manera adecuada ante una emergencia, sin tomar en consideración si la emergencia se debe a una inundación, deslizamiento de tierra, lluvias torrenciales, terremotos, cualquier otro tipo de desastre natural o antrópico, incendio, explosión, derrame de sustancias peligrosas.

 

Después de las inundaciones de Diciembre 1999, los equipos de expertos de los organismos nacionales e internacionales identificaron varias deficiencias en la capacidad para preparar y responder frente situaciones de posibles desastres naturales y antrópicos, en el ámbito comunitario no había suficiente capacidad interna antes y durante el desastre para tomar las medidas necesarias para limitar o evitar situaciones peligrosas y mortales, (aún no la hay), no había una respuesta organizada por parte de las diversas organizaciones de desarrollo social (ODS) trabajando en las comunidades afectadas.

 

La mayoría de estas organizaciones no tenían (ni tienen) conocimiento de los riesgos ni la capacidad para responder frente una situación de emergencia. En Febrero del año 2005, se presentaron precipitaciones que dieron origen a otras vaguadas y más damnificados, sólo en el Distrito Capital se contaron aproximadamente 5.500 de ellos. Al parecer este fenómeno meteorológico se repite cada cierto tiempo, pero recientemente (1999 y 2005) ha tenido una intensidad y unas consecuencias nunca vistas.

 

Al respecto, Gol (1963), en su trabajo sobre Las Causas Meteorológicas de las Lluvias de Extraordinaria Magnitud en Venezuela, registra los eventos de 1904, 1910, 1927, 1928, 1932, 1938, y describe con detalle el producido entre los días 16 y 17 de febrero de 1951, el cual, aunque de menor intensidad, tuvo características muy parecidas al de diciembre de 1999. En efecto, en febrero de 1951 el fenómeno afectó todo el litoral caribeño de Venezuela, especialmente entre Puerto Cabello y Cabo Codera. En Maiquetía, en quince horas y media del día 16, cayeron 182,4 mm. de lluvia; En la vertiente norte (barlovento) de la Sierra del Litoral, entre los 500 y 1.200 metros de altitud, cayeron más de 500 mm. entre los días 16 y 17 y al sur de Camurí Chico se registraron 235 mm. Como en los días anteriores había estado lloviendo, el suelo estaba saturado. Todos estos factores produjeron una catástrofe que dejó treinta personas entre muertos y desaparecidos, además de numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.

 

Por su parte, Rohl (1950), en un artículo titulado Los diluvios en las montañas de la Cordillera de la Costa, dice que el 14 de enero de 1914, en 5 a 6 horas, cayeron 1.200 mm en la hacienda Puerto Cruz, ubicada a 45 kilómetros al este de La Guaira. Como se ve, todo indica que estos fenómenos son algo crónico y no eventos aislados, claro que los efectos de la tragedia se maximizan cuando la población de la zona pasó de 85.889 habitantes en 1950 a 472.706 habitantes en el 2000.

 

Según Farías (2005), tan sólo en una hora cayeron 60 milímetros de agua de lluvia por metro cuadrado, según registró la estación metereológica de Catuche. Explicó la autora que las condiciones climatológicas de intensas lluvias fueron producto de un desplazamiento frontal en conjunto con un sistema de vaguada estacionado sobre la zona central del mar Caribe, que ocasionó el incremento de la nubosidad como las precipitaciones en la costa. Y esperaba que ese sistema siga su desplazamiento habitual en las próxima horas hacia la zona oriental, generando la disminución de la intensidad de las precipitaciones en el área central, específicamente Carabobo, Vargas y Distrito Capital.”Aclaró que, aunque se preveía que hubiese precipitaciones, era imposible estimar la cantidad de lluvia”.

 

En este sentido, es importante activar lo más tempranamente posible la red hidrometereológica, los sistemas de alerta temprana, son una necesidad y sobre todo la conciencia y sensibilidad de todos los sectores. La actuación del Gobierno, empresa y comunidad bajo criterios de solidaridad, responsabilidad y comprensión de los principios que rigen la dinámica de los procesos naturales para la búsqueda de respuestas efectivas que minimicen los impactos de la naturaleza a los seres humanos, lo cual pasa por profundizar relaciones más solidarias de los miembros de la sociedad con la naturaleza misma. De otra manera la intervención irreflexiva de la especie humana sobre los ciclos naturales, como lo constatamos en los últimos eventos y catástrofes naturales retorna inexorablemente a veces de manera irreversible.

 

Qué se ha hecho en Venezuela con relación a la problemática de desastres naturales, socionaturales y tecnológicos?

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Estado Venezolano para 2001 – 2007 (2001), en el bloque de Equilibrio Social, se refiere al cambio de orientación de la concepción del gobierno hacia la equidad social, donde se garantiza la equidad en el acceso a los recursos, a medios de atención y a condiciones materiales y de bienestar, hecho tangible a través de acciones integrales, constantes y sistemáticas que respondan a las necesidades sociales de grupos humanos y territorios sociales, según sus diferentes formas de expresión y exigencias en la realidad.  Y dentro de los sub objetivos se encuentra el No. 2.1.5. Referido a la Seguridad Ciudadana Permanentese plantea que “la seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano garantizando la superación de las situaciones de amenaza, vulnerabilidad, o riesgo para la vida de las personas, sus propiedades, la paz y la convivencia pacifica...” (Pág. 99) De igual forma se expresa dentro de este sub objetivo que:

Se concederá primera prioridad a la organización de protección civil y a la administración desastre, para proteger a la ciudadanía frente a situaciones que constituyan riesgo, amenaza para su integridad física o de sus propiedades ante catástrofes o calamidades públicas. (Pág. 100).

 

 

En el mismo compendio también se afirma que para contribuir con el logro de estos sub-objetivos se elaborarán y actualizarán las leyes como: Ley de Protección Civil y de Administración de Desastres y la Ley de Gestión y Mitigación de riesgos, además, en el aparte Elaboración de Planes se incluye entre los planes prioritarios para la nación el de mitigación de riesgo. Estos planteamientos están en vías de concretarse a partir de diversos programas que se han desarrollado como ejemplo se puede citar el del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Cultura y el Deporte que han producido un manual para la elaboración de los planes de emergencia de las Unidades Educativas (FEDE, 2000).

 

Por su parte el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (2001) a fin de desarrollar un esfuerzo sistemático destinado a implementar acciones que pudiesen propiciar cambios significativos en las capacidades nacionales para la gestión de desastres convocó a profesionales e instituciones públicas, privadas y académicas, así como ONGs y comunidades organizadas para que presentaran propuestas de solicitud de financiamiento para desarrollar investigaciones, preparar y ejecutar programas de formación y capacitación de recursos humanos, fortalecer la plataforma tecnológica y de gestión de instituciones y empresas, mediante la presentación de perfiles de proyectos para la Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres.

De igual manera el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL “UNEFA” NÚCLEO ZULIA, incluyó dentro de sus oportunidades de estudios la carrera “Administración de Desastres, Mención Control de Riesgos, mediante la cual se espera que para mediados del año 2009, se esté graduando la primera promoción de especialistas en esta área, quienes tendrán la tarea de diseñar los planes de acción que se aplicarán para remediar y prevenir los daños producidos por los desastres naturales, establecer nuevos criterios para enfrentar de manera preventiva los embates de la naturaleza y a su ves servirán de apoyo a las promociones siguientes y llenaran las vacantes existentes en el área de Control de Riesgos y Vulnerabilidades a nivel nacional.

 

Así mismo, han sido aprobadas las siguientes leyes:

- Ley De Coordinación de Seguridad Ciudadana,

- Ley De Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil,

- Ley De La Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.

 

Con la promulgación de las mencionadas leyes, se pretende llegar a un sistema integral, con el cual se pueda iniciar el análisis de amenaza, vulnerabilidad, mitigación de riego y alarma. Esto, con la idea de que todo este método completo permita, en el mediano plazo, tener un sistema estable.

 

Al margen de estos avances, en Venezuela existen algunas experiencias sobre el aspecto particular de preparación ante situaciones de emergencia en el sector salud y educación pero específicamente a la comunidad: El Plan de Respuesta de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y el Plan de Contingencia de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (Plan COLM).

 

El primero de ellos es un proyecto integrado que contempla la cooperación de las tres funciones de la Universidad: Investigación, Extensión y Docencia, trabajando en la capacitación de la sociedad en Prevención y Mitigación de Desastres a través de planes educativos y talleres dictados en las comunidades y centros educativos de las áreas vecinales como, La Carucieña, La Paz, El Jebe, Cerro Gordo, entre otras comunidades ubicadas en el Estado Lara, este proyecto lo lideran los decanatos de Medicina e Ingeniería Civil de la mencionada universidad.

 

En la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, por su parte existen tres áreas poblacionales que se encuentran en una situación de riesgo ocasionada por la explotación de la industria petrolera, ya que el espacio donde están asentadas es afectado por el fenómeno de la subsidencia; Se encuentran debajo del nivel del lago, una de estas áreas es Lagunillas, donde se asientan varias de las instalaciones de explotación petrolera más importantes del país, de hecho la producción de PDVSA en el occidente está previsto que este año aumente la producción de barriles diarios, según información aportada por el Ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez y Presidente de PDVSA (2005).

 

Estas áreas poblacionales han venido bajando de nivel como consecuencia de la extracción del crudo en tierra firme, se encuentran protegidas por un dique de contención, no obstante por estar afectada por la falla de Boconó, de producirse un sismo de gran magnitud se estima (por numerosos estudios realizados por PDVSA) que el dique se fraccionará y la población tendrá sólo quince (15) minutos para llegar a la zona segura, además del efecto que éste puede tener en las instalaciones de la industria con sus consecuentes incendios, explosiones, ya que allí existen patio de tanques de almacenamiento de crudo, oleoductos, gasoductos, entre otros.

 

Ante esta situación la industria hace varios años inició un proceso de formación de la comunidad a fin de orientar su actuación en casos de emergencia. Este proyecto recibe el nombre de PLAN COLM y ha sido dirigido a 62.400 personas habitantes de la zona, este plan también involucra a los organismos de seguridad, al personal de la industria y a altos personeros del gobierno regional y local. Este plan ha hecho hincapié en el área de educación donde se ha formado a docentes y alumnos en cultura de riesgo y ha ido formando brigadistas de calle, líderes comunitarios en el tema, sólo en el aspecto de preparación para actuar en el caso de una emergencia por inundación.

 

 

 

Carmona (2002), estima que con la finalidad de mitigar futuras catástrofes, es necesario desarrollar una cultura de prevención y mitigación en las comunidades vulnerables que pueda reducir riesgos futuros y le permita a los actores locales reducir el impacto de potenciales situaciones de emergencia, ya que “la deficiente información, comunicación y conocimiento entre los actores sociales, la ausencia de organización institucional y comunitaria, las debilidades para la atención de emergencias y la falta de salud económica en un área geográfica contribuyen a tener un mayor riesgo.

 

Aún cuando la normativa señala la necesidad de conformar equipos interinstitucionales para la gestión de riesgos y desastres, se mantienen las acciones aisladas y contradictorias entre organizaciones como Protección Civil, Bomberos, Policías regionales y Municipales, Gobernaciones, Alcaldías, Grupos de Rescate, las comunidades, Fuerzas Armadas, ONGs, sectores de la sociedad civil, organismos de ayuda internacional, con frecuencia estas acciones se caracterizan por choques entre ellos, disputas burocráticas, serias limitaciones para coordinarse, que afectan la calidad de la respuesta a las víctimas de desastres e incrementa el caos que significa una situación de emergencia, aunado a la ausencia de planes de acción conjunta para la prevención, mitigación, alerta, rehabilitación y reconstrucción.

 

Por su parte, Maskrey (2001), afirma que los modelos de prevención y manejo de desastres que se aplican en América Latina adolecen de fallas conceptuales y metodológicas fundamentales. Ya que los mismos se sustentan en un imaginario formal de la vulnerabilidad y de los desastres del cual se desprende una serie de instrumentos convencionales de prevención y mitigación de desastre en los cuales no se ve reflejada la comunidad que ha sido o puede ser afectada por un desastre. Este desencuentro conduce al rechazo o fracaso de muchos de los programas de prevención y mitigación de desastres que se aplican en la región. El autor recomienda la reconceptualizaciónde los programas de prevención y manejo de desastres sobre la base de una lectura de los imaginarios reales de la vulnerabilidad y el diseño de estrategias flexibles de intervención apropiadas a las condiciones locales.

 

De tal manera que, implementar estas estrategias implica realizar cambios profundos en el marco institucional en el cual se realiza la prevención y el manejo de desastres en la región haciéndola más descentralizada, popular y real, esta debería permitir que las organizaciones que están comprometidas en el trabajo con poblaciones de base puedan diseñar sus propios programas de acuerdo a la cultura, necesidades y riesgos locales. Esto requiere de un enfoque integral de la prevención de desastres, que incluya el fomento de la capacidad en el ámbito local, la educación del público general y la incorporación de los objetivos de prevención de desastres al plan de desarrollo en Venezuela, así como la participación de todos los actores involucrados, incluyendo entes oficiales, ONGs e instituciones privadas.

 

Como se ha puesto de manifiesto existe una necesidad evidente de establecer y fomentar la integración y el trabajo conjunto entre los organismos e instituciones, cuyo mandato incluya actividades identificadas en las estrategias de Prevención, Mitigación, Preparación, Alerta, Respuesta, Reconstrucción y Rehabilitación, y la Comunidad, creando los espacios necesarios para la organización, la amplia participación e integración de todos los actores sociales locales, no sólo en el hacer sino en el pensar, esto es, en la toma de decisiones sobre las acciones y actividades que les competen. Ante este escenario, cabría preguntarse:

 

En este sentido, si se pone en práctica una estrategia de gestión municipal para el Análisis y manejo de los Riesgos Naturales, para dar respuesta a situaciones provenientes de los contextos de multiamenazas que caracterizan a las comunidades venezolanas ¿Será posible lograr la integración de todos los actores sociales locales para la gestión Integral de Riesgos y desastres, tanto naturales, socionaturales como tecnológicos?

 

Importancia Y Justificación

 

Gerenciar proyectos para poblaciones en situaciones especiales en campos como la nutrición, educación, salud, empleo, vivienda, seguridad entre otros, se muestra en la práctica como una actividad gerencial muy particular, que no puede manejarse con los enfoques de administración de empresas privadas, o de administración pública tradicional. Se requiere un enfoque diferenciado, un enfoque de Gerencia Social.

 

En cualquier programa social de ciertas dimensiones, como es el caso de la preparación comunitaria e institucional para la Gestión Integral de Riesgo y Desastres, deben intervenir múltiples entidades: varios organismos, gobernaciones, alcaldías, las comunidades, Fuerzas Armadas, ONGs y sectores de la sociedad civil que como se mencionó anteriormente, con frecuencia ven afectada su repuesta por choques entre ellos, disputas burocráticas, serias limitaciones para coordinarse.

Por lo que se pretende producir un salto cualitativo en el ámbito de la gestión integral de Riesgos y Desastres al hacer un análisis desde la perspectiva de la Gerencia Social, incorporando herramientas claras de participación ciudadana porque los programas sociales pueden ser más efectivos si están más cerca de la población asistida; considerando que las condiciones sociales cambian continuamente y que esa estrategia debe ajustarse a un estilo de gerencia “adaptativo” y flexible que permita ir respondiendo a esos cambios sobre la marcha. Una gerencia social efectiva, favorecería por todos los medios posibles la participación. De igual manera se fomentaría la práctica del control social del programa, se trataría de que los programas fueran transparentes para la sociedad, de que hubiera continua información sobre su marcha y su transferencia a la comunidad. Se crearían instancias para que las comunidades atendidas controlasen directamente la labor del programa.

Según la OPS (2002), en los países de América Latina y el Caribe, se han dado avances en las políticas nacionales de prevención y mitigación de desastres, pasando de los modelos asistencialistas y de respuesta improvisada, a estructuras orientadas hacia la prevención y mitigación de desastres. En atención al progresivo aumento de los costos sociales que implica la ocurrencia de una emergencia en la comunidad no preparada para afrontarla. Muchos muertos pudieron evitarse, sólo con el hecho que la comunidad tuviese conocimientos en búsqueda y rescate, en primeros auxilios, si hubiesen tenido establecida una ruta de evacuación, entre otras cosas. De igual forma los daños materiales pueden disminuirse.

 

Por las razones antes expuestas este análisis plantea, la necesidad de que exista tanto organización e integración institucional y comunitaria como disponibilidad y acceso a la información científico-técnica y de carácter divulgativo, difícil de lograr si no se cuenta con experiencias dirigidas a la formación e información especializadas en gestión integral de riesgos y desastres, tanto para organismos cuyo mandato incluya el tema de riesgos y desastres, como en el ámbito comunitario. Este análisis se orienta a sumar esfuerzos colectivos en esa dirección.

 

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